Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto que declara como «servicio público esencial» a la prestación de los servicios de navegación aérea y establece la modalidad y tipo con que se realizarán éstas prestaciones.
Con 132 votos a favor, 62 en contra y 3 abstenciones, el proyecto estipula la creación de la Empresa Argentina de Navegación Aérea Sociedad del Estado (EANA S.E.), que quedará integrada por el Ministerio del Interior y Transporte y el Ministerio de Defensa, y estará facultada para la prestación de servicios también a terceros Estados.
Una vez constituida, se transferirán a la EANA las funciones de «control operativo de la prestación del Servicio Público de Navegación Aérea y de coordinación y supervisión del accionar del control aéreo» asignadas en la actualidad a la Dirección General de Control de Tránsito Aéreo con sus respectivas competencias, cargos, personal y créditos presupuestarios, así como la administración de los bienes patrimoniales afectados a su uso.
La nueva ley establece que «la actividad que se despliega en el marco del Servicio Público de Navegación Aérea deberá garantizar la seguridad, regularidad y eficiencia de la navegación aérea», además de que la EANA S.E. deberá «promover la innovación tecnológica, capacitar y/o facilitar la capacitación y profesionalización del personal conforme a los estándares internacionales, asegurar el compromiso ambiental, garantizar la representación de la comunidad aeronáutica, gestionar con eficacia y eficiencia, establecer un sistema de gestión de la seguridad operacional».
También tendrá que «crear y dar cumplimiento a un plan de negocios que equilibre la seguridad operacional con la productividad y el respeto del derecho de los trabajadores, alcanzar un liderazgo en la región, lograr el autofinanciamiento y revertir en dicha actividad las ganancias que se obtengan».
Al defender el proyecto, la presidenta de la comisión de Transportes, María Eugenia Zamarreño (Frente para la Victoria) destacó el «marco histórico en el cual se promueve» la ley.
«Esto tiene que ver con el inicio de este proceso de transformación, modernización y ordenamiento de la aviación civil en la Argentina a partir del año 2007, continuado con nuestra Presidenta, que encuentra como eje central hoy en la política aérea argentina la recuperación de nuestra línea de bandera, que además tiene como política central la conectividad federal de todo el país, que establece que el derecho al transporte es un derecho igualador, además de ser generador de riquezas en el país», indicó.
Y señaló que «al ser esencial, la consecuencia es que no se puede interrumpir de forma total el servicio, sino que tiene que garantizarse un servicio mínimo de la actividad», aunque aclaró que «esto para nada implica impedir el derecho a huelga».
En relación a los derechos que se les garantizan a los trabajadores, el presidente de la comisión de Legislación del Trabajo, Héctor Recalde (FPV), explicó que «el empleado público tiene estabilidad propia, no puede ser despedido sin justa causa. Eso está detallado expresamente en el artículo 18 de esta ley. No se violará ningún derecho y nosotros en esta ley los estamos estableciendo con claridad».
Recalde respondió así a cuestionamientos de Claudio Lozano (Unidad Popular) quien sostuvo: «Hace tiempo venimos planteando la necesidad de establecer como servicio público esencial a los servicios de navegación aérea, pero el proyecto del oficialismo deja en una situación de absoluta indefinición a los trabajadores modificando su encuadre laboral, y además militariza aeropuertos».
«Los trabajadores que pasarán a la EANA S.E. quedarán en un limbo», enfatizó.
